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 Hace tiempo discutía
con tres liberales de pro, más bien radicales, en una tertulia
emitida por una televisión financiada o auspiciada por la
Iglesia Católica – a la que no me han vuelto a llamar, por
supuesto – sobre la utilidad o la pertinencia de destinar el famoso
0,7 % del PIB para ayudar al desarrollo de aquellos países
cuyo nivel se halla muy por debajo del que conocemos en las
sociedades occidentales. Como se puede suponer del escenario
propuesto mi soledad argumental era de pasmo, ya que el entorno
“liberal” se opone a toda intervención del Estado en
cualquier cosa, máxime si tiene que ver con el ámbito
de actuación de la archiconocida “mano invisible” que
descubrió al mundo el notable economista británico Adam
Smith y que llevó a la miseria más espantosa a buena
parte de la clase trabajadora de la insularidad anglosajona – hasta
tal punto que otro insigne liberal, John Maynard Keynes, hubo de
retocar el sistema para asegurar su pervivencia a través del
impulso estatal de la demanda, una intervención que hasta el
momento resultaba “intolerable” –.
Según mis
contertulios liberales que el Estado, digamos de un país como
España, destinase el 0,7 % de su PIB para contribuir al
desarrollo de otro Estado en franca situación de inferioridad,
pongamos por caso Nigeria, resultaba no sólo inconveniente,
sino profundamente desastroso, puesto que condenaba a la dependencia
y al subdesarrollo a quien se pretendía, precisamente, sacar
de esa situación. Piensan estas ilustres mentes preclaras que,
en realidad, lo que coarta el desarrollo de los países es,
precisamente, que tienen Estado, puesto que si se elimina el Estado y
se deja a la población al albur de las sabias leyes del
mercado de libre competencia la riqueza aflorará por la mano
invisible, llenándolo todo de prosperidad y desarrollo. En
estos momentos ni siquiera los gobiernos más liberales del
mundo suscribirían tal afirmación, más por
esperpéntica que por contraria a su ideario, puesto que todo
el liberalismo “civilizado” ha entendido, por activa y por
pasiva, que abandonarse a la suave melodía adormidera del
zumbido que produce el normal funcionamiento del mercado de libre
competencia no sólo conduce inexorablemente a la miseria, el
hambre y la guerra sino que condena a la autodestrucción al
sistema. Claro que, en el orden contrario, esto es, cuando todo es
Estado y no se deja espacio a la libre competencia, el pan de hoy se
convertirá, sin ninguna duda, en el hambre de mañana; y
eso sin hablar de la pérdida de autonomía personal, la
rebaja intolerable de los derechos humanos individuales y la dilución
reprobable del valor del individuo en la masa informe de la que
emerge una casta de gobernantes que asumen el beneficio propio como
bien común.
Sin embargo, si el 0,7 %
se traduce en “cooperación para el desarrollo” y se
vehiculiza convenientemente la ayuda para que, en efecto, se potencie
la autogestión y el autodesarrollo de las sociedades a las que
se pretende ayudar, la cosa irá viento en popa. Pero, si, por
el contrario, como ha estado sucediendo hasta el momento, el 0,7 % se
traduce en caridad y en dependencia externa, enriquecimiento de la
casta gobernante y se sumerge en la corrupción del aparato
estatal, no sólo no servirá para cooperar al desarrollo
– al menos no de la sociedad en general – sino que condenará
al subdesarrollo crónico a la sociedad a la que se pretende
ayudar. Parece que este asunto lo ha entendido bien la Generalitat
Valenciana, que hoy hace gala, en un anuncio de televisión, de
destinar tal cantidad del PIB de la Comunidad Valenciana para ayuda a
la cooperación para el desarrollo, seguramente para espanto de
mis amigos liberales, que verán como el PP, que gobierna la
Generalitat, traiciona horriblemente esos principios sagrados del
liberalismo decimonónico, aquello que decía sobre la
bondad de la mano invisible de Smith y los efectos beneficiosos del
libre juego de competencia en el mercado. Resignación, amigos,
que la racionalidad tiene estas cosas.
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