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 Dejando al margen
visiones más o menos apocalípticas, agoreras del
armagedón, de las que tanto gusta el PP y a las que ya nos ha
acostumbrado (¿No da la impresión que más que
constituir la expresión de un temor fundado es la
explicitación de un deseo íntimo?), en mi opinión
el Gobierno se ha equivocado al decretar la “prisión
atenuada” para el terrorista – o “valeroso gudari euskaldún”,
según se mire – Iñaki de Juana, que en todo caso es
un delincuente reo y confeso.
Si bien tienen razón
quienes postulan con acierto que el Gobierno de una sociedad
democrática debe ejercer sus funciones con la vista puesta en
el horizonte del interés general, impasible el ademán,
sin que pueda justificarse la tradicional tendencia de otros
Gobiernos a orientar su acción en función de los
futuribles expresados en modo de encuestas sociológicas, no
quedan por ello exentos de tal quienes postulan que un Gobierno
democrático no puede gobernar de espaldas a la ciudadanía,
ignorando eso que se denomina “opinión pública”. En
este caso, en el del asesino Iñaki, la opinión pública,
así en general – asumiendo que toda generalización
comporta un nivel mínimo de error –, tiene bastante claro su
deseo de sepultar en fosa común anónima los restos
mortales del sujeto en cuestión y si fuera posible tras haber
sufrido una larga, dolorosa y penosa enfermedad. La decisión
del Gobierno de ceder al chantaje de la huelga de hambre de semejante
mastuerzo y concederle el excesivo beneficio de dar con sus huesos en
su domicilio, arropado por el resto de animales de su propia calaña,
supone por un lado una cesión intolerable del Estado y, por
otro, un agravio comparativo difícilmente justificable con el
resto de presos que cumplen condena en las cárceles españolas
por motivos infinitamente menos repugnantes que los que llevaron a
ese anormal a custodia de Instituciones Penitenciarias.
El actual Ministro del
Interior, el sr. Rubalcaba, sabe bien, y así lo ha reconocido
en directo, que esta decisión, tomada a espaldas de la
ciudadanía o al menos en contra de la opinión pública,
va a tener consecuencias electorales para todo el Gobierno, que en su
opinión se ha dedicado a cumplir escrupulosamente la ley. Lo
que no ha dicho el Ministro es que ese cumplimiento legislativo es
interpretativo, o lo que es lo mismo, que queda al albur de la
voluntad del Gobierno hacer lo que ha hecho o todo lo contrario, que
todo queda dentro de la más estricta legalidad, por lo que
también hubiera sido cumplimiento escrupuloso de la ley dejar
al asesino en la cárcel, que es su hábitat natural.
Además, como se puede constatar sin demasiada dificultad, el
Gobierno se defiende de los embates de la oposición, en este
caso el PP, alegando que durante los Gobiernos sustentados por aquel
partido se liberaron más presos etarras que durante el
sustentado por el PSOE, lo que no deja de ser una cuestión de
matiz de carácter cuantitativo que no modifica
cualitativamente la situación sino que, en todo caso, la
agrava al generalizarla ideológicamente y en el tiempo. Por
otra parte, para finalizar, el hecho de que el señor ministro
se haya referido a las dichas “consecuencias electorales” deja
bien a las claras cuál es el talante no sólo de este
señor, o del Gobierno, o del PSOE, sino de todos los partidos
políticos de este país, España, cuya única
ambición conocida, y de la que se ufanan orgullosos, es
alcanzar el poder, cuando debería ser un medio y no un fin en
sí mismo.
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