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 El pasado 19 de febrero la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona,
señalaba que la decisión del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado
para albergar residuos nucleares, más conocido como ATC, se tomará una vez
pasadas las elecciones municipales. Aunque seguramente esta decisión se hará luego esperar a que pasen las
elecciones generales. Y es que esta dinámica es la que se viene observando
últimamente en todas las tomas de decisiones que competen a residuos.
Esto es
bien conocido en la provincia de Castellón, donde hasta que se acercaron los
comicios municipales se proyectaban vertederos de residuos tóxicos y peligrosos
o incineradoras de residuos en las poblaciones de Fanzara, Salzadella y Coves
de Vinromà, pero ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina ningún
alcalde se atreve a seguir los procedimientos iniciados y todo ha quedado
paralizado, hasta después de elecciones, seguramente…
Los políticos han perdido
la valentía de tomar decisiones importantes y necesarias en estos temas,
dejando campo libre a la iniciativa privada y zanjando el tema cuando se acerca
la reelección de su cargo. A nadie le gusta tener un vertedero, un ATC o una
incineradora al lado de su casa, ni siquiera, o menos, una central nuclear,
pero la realidad es que actualmente son infraestructuras necesarias para
mantener nuestros hábitos de consumo.
El VI Plan de Residuos
Radiactivos de 23 de Junio de 2006, considera el ATC como una oportunidad para
evitar el almacenamiento de residuos en las centrales nucleares, evitando que
estas se conviertan en futuros almacenes, además dota a España de la capacidad
de maniobra necesaria en el caso del desmantelamiento prematuro de alguna
central, reduce el número de instalaciones intermedias y también permitiría
liberar emplazamientos de centrales nucleares ya clausuradas. Pero la realidad
es que antes todavía queda mucho pendiente en los municipios de entorno a las
centrales nucleares, pues en muchos casos se observan deficiencias en el Plan
de Emergencia Nuclear y no hay esperanza de un desarrollo económico
alternativo, por lo que tampoco debería plantearse ningún candidato antes de
solucionar estas deficiencias en estos municipios.
La disponibilidad del ATC
requiere de mecanismos de información y participación para buscar el consenso
político y aproximarse en la medida de lo posible al social, para así decidir
su ubicación final. El Plan consideraba que la fase de debate y toma de
decisión debía tomarse antes del 2007, para no tener que desarrollar proyectos
alternativos a medida que se saturen las instalaciones actuales. Evidentemente
esta fase todavía no se ha completado y seguramente acabará el presente año sin
completarse. Se han presentado varios candidatos, generalmente municipios con
pocos recursos que ven en esta instalación una fuente de ingresos para las
arcas públicas, pero claro esta que la ciudadanía se ha echado encima de dichos
alcaldes y estos se han visto obligados por sus ciudadanos a paralizar el
proceso, tal vez también hasta después de elecciones…
No cabe duda, falta una
respuesta responsable por parte de las administraciones para conseguir que las
decisiones se tomen de la forma más adecuada y sobre todo más consensuada, la
elección de la ubicación de una instalación como es el ATC no puede convertirse
en una subasta al mejor postor, y en el caso de Castellón, son las
administraciones públicas quienes deben de coordinarse y decidir donde ubicar
la instalación y no dejar en manos de las empresas privadas que instalen
vertederos a su antojo por toda la provincia. Si, hace falta mucha
responsabilidad para tomar decisiones tan críticas y para sentarse a negociar
la ubicación de instalaciones tan delicadas, pero lamentablemente, esta
responsabilidad política es la que menos se utiliza actualmente en la política.
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