| El Imperio de la Razón |
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Nuestras modernas democracias funcionan, cada vez con mayor
intensidad, como espacios fundamentalmente dedicados a la negociación.
Los partidos políticos son concebidos como "ofertantes" de programas
electorales en un "mercado" donde los "demandantes" son los ciudadanos
y sus diferentes formas de asociación (los lobbys, los
movimientos sociales...). El resultado de la negociación, en tanto que
tal negociación, no depende de las buenas razones de cada uno de los
agentes democráticos, sino fundamentalmente de su diferente peso
(parlamentario, social, económico) en el marco de unas reglas de juego
en principio asumidas por todos. El aspecto es semejante al de un
partido de futbol, donde no se discute sobre quién es mas apropiado que
gane sino que, simplemente, se pactan unas reglas de juego y a partir
de ahí todo es cosa de la diferente habilidad y fortaleza de cada
equipo para conseguir el objetivo, que no es otro que ganar. Aquí, la
democracia se constituye en reflejo de la economía de mercado que la
sustenta.
No obstante, bajo esta mas que evidente dinámica de negociación, podemos observar cómo nuestras modernas democracias mantienen aun un cierto espíritu deliberativo que les impide mostrarse tan descarnadamente negociativas como en realidad son. La diferencia entre negociar y deliberar no es baladí. En una negociación, los participantes asumen como dadas las preferencias de cada uno. Por ejemplo, en una negociación salarial no cabe invocar argumentos de justicia o equidad, como no sea por pura retórica: patrón y obrero saben que es lo que quiere cada uno (pagar menos, el uno; cobrar más, el otro) y saben que esa preferencia es inamovible, y que lo único que queda por hacer es discutir como se llega a un punto de acuerdo, teniendo en cuenta cual seria la fuerza de cada cual en caso de que las negociaciones se rompiesen y estallase un conflicto laboral. La deliberación, en cambio, tiene otro aspecto. Para deliberar, los participantes deben asumir por principio que van a intentar convencer y dejarse convencer por los demás, modificando si es necesario sus creencias y preferencias, siempre a la luz de razones públicas, de razones que pueden ser asumidas por todos los participantes de la deliberación. Aquí, las razones privadas ("a mi me interesa mas esto", "mi Dios me dice que esto no debe ser así") no pueden traspasar el umbral de la razón pública. El símil aquí sería el de un jurado popular: aquí no cabe decir que "creo que el acusado es culpable porque mi Dios me lo ha dicho" o "creo que es inocente porque es mi hijo y no quiero que vaya a la cárcel": lo único que cuentan son aquellos argumentos (los testigos presenciales, las pruebas físicas...) que pueden ser asumidos por todo el mundo. En una deliberación, si las razones de uno son buenas, se convierten en las razones de todos. Si lo pensamos bien, algo de eso hay en nuestras democracias. Al fin y al cabo, los políticos, aun cuando se sabe de sobras que negocian y trapichean repartos de poder, rara vez lo hacen público. En el parlamento las leyes son defendidas por los grupos parlamentarios invocando razones públicas, de interés general (razones de justicia, por ejemplo). No se puede llegar y decir "yo vengo aquí a defender a los mios simplemente porque son los mios"; como mucho, se puede decir "yo vengo aquí a defender a los mios porque hay razones de justicia que reclaman una atención especial para los mios". Al menos en público, las cosas en democracia son así. De hecho, no pocas instituciones de la democracia entran en dificultades cuanto mas invadidas quedan por la dinámica de la negociación. Muchas de las normas de juego de nuestras modernas democracias no tienen sentido dentro de un diseño puramente negociativo; así, no tiene sentido prohibir la compraventa de votos si de lo único que se trata es de que la sociedad pueda regirse por los resultados de una serie de negociaciones. La compraventa de votos solo resulta perniciosa para la deliberación, por cuanto substituye la capacidad de deliberar del individuo por su capacidad de codiciar. Si lo pensamos bien, pocos escenarios garantizan una democracia mas justa y estable que aquellos escenarios en los que la democracia es un foro de deliberación y no un simple mercado. Al menos, con un enfoque deliberativo sería mas fácil resolver numerosos problemas (por ejemplo, medioambientales) que afectan fundamentalmente a gente que (por no haber nacido, por ejemplo) no tiene la capacidad de imponer en ninguna medida su criterio sobre una mesa de negociaciones. El problema, claro está, es qué diseño institucional adoptamos para inducir a los ciudadanos a substituir en la medida de lo posible la negociación por la deliberación. Una argumentación bienpensante nos remitiria al manido tópico de que "eso es fundamentalmente cosa de la educación". No obstante, con la educación no basta: el principio de proporcionalidad (que es fundamentalmente el que rige nuestras actuaciones en contextos de negociación) parece bien enraizado en nuestra arquitectura cognitiva, mas allá de cualquier influencia cultural, y de todos modos ciertos contextos institucionales (por ejemplo, el mercado) desalientan la mas firme educación cívica, por cuanto en el mejor de los casos expulsan a los buenos ciudadanos de su ámbito y, en el peor de los casos, corroen sus propias disposiciones cívicas. Hace falta algo mas que buenas intenciones para inducir a los individuos a deliberar. De hecho, aquí lo que menos cuenta son las intenciones: un diseño institucional adecuado puede hacer que un grupo de individuos máximamente egoistas se comporten de manera recíprocamente justa. Puede sonar a utopia, pero de hecho ya existen instituciones que, mal que bien, funcionan de un modo deliberativo pese a las razones privadas de sus integrantes. Un ejemplo clásico son las comunidades científicas: sería iluso pensar que los científicos se mueven única y exclusivamente por amor puro y duro a la verdad. El prestigio, el dinero, el poder... son también fuertes incentivos para la actividad científica. No obstante, lo peculiar de las comunidades científicas es que premian a los individuos que defienden sus teorías en base a buenas razones públicas y a aquellos que, también, abandonan las suyas por esas mismas buenas razones públicas; al mismo tiempo, las comunidades científicas penalizan o incluso expulsan de su seno a quienes defienden sus teorías en base a razones privadas (¿alguien se imagina a un físico diciendo "no tengo la menor prueba de lo que digo, pero simplemente si mi teoría se acepta ganaré mucho dinero y por eso mismo la defiendo"?). Por ello, el grueso de los científicos defiende sus teorías en base a razones públicas y los que por ventura no lo hacen acaban fuera de las comunidades científicas. No nos interesa si este comportamiento es sincero o hipócrita, si el uso de razones públicas se debe al simple amor a la verdad o deseos mas oscuros. Al cabo, la hipocresía es el tributo que el vicio le rinde a la virtud. Resulta complicado establecer exactamente qué aspecto institucional debería presentar una democracia que pretendiese devenir deliberativa. Seguramente, será cuestión de ir tanteando el terreno, de ensayar y equivocarse teniendo siempre a la vista lo que sabemos sobre la naturaleza humana y sobre el comportamiento de los individuos en grupos. No obstante, se pueden indicar un par de características comunes a todas las comunidades deliberativas: 1) Son comunidades que deliberan con el objetivo de llegar a un bien último cuya importancia es reconocida por todos los miembros de la comunidad. Por ello, estas comunidades suelen ser llamadas comunidades de juicio normativo. No cabe sentarse a discutir sobre nada; por eso nos resulta ridículo el juicio "primero nos reunimos y luego ya decidiremos para qué". En el caso de las comunidades científicas, por seguir con el ejemplo anterior, el bien a alcanzar mediante deliberación consiste en el cobro de piezas de información verdadera. Es precisamente el juicio normativo compartido lo que hace vergonzoso el pretender que la opción de uno sea asumida por los demás en base a razones privadas. 2) Son comunidades donde ninguno de los miembros tiene, en principio, poder para anular la deliberación, para imponer sus puntos de vista a los demás saltando por encima del debate racional. Si tu y yo dialogamos sabiendo ambos que tu puedes matarme o condenarme a morir de hambre, entonces no hay deliberación posible, porque tanto tu como yo sabremos que, finalmente, no tienes por que escuchar mis razones: te basta con cerrarme la boca. Diferente es cuando ni tu ni yo tenemos poder para imponer nuestra voluntad al otro: aquí, ante cualquier juicio que formules yo siempre podré preguntar "¿por qué?". Y poder preguntar "¿por qué?" es el requisito mínimo para que los individuos puedan deliberar. Esta última característica reviste una importancia capital para la izquierda. Los orígenes de ésta se encuentran en la constatación de que las revoluciones de los siglos XVIII y XIX, pese a liberar al "Tercer Estado" (a los burgueses y a la plebe, fundamentalmente) del yugo del feudalismo, habían dejado sin resolver el problema de qué hacer con todas esas personas (campesinos, obreros...) que vivían por sus manos y cuyos medios de subsistencia eran propiedad de un tercero al cual, por tanto, debían pedir permiso cotidianamente para sobrevivir. Los republicanos demócratas como Rousseau, Robespierre o Saint-Just vieron claro que una situación así anulaba cualquier escenario de deliberación, por cuanto posibilitaba que las razones privadas de los poderosos se impusiesen a las buenas razones públicas que pudiesen argüir los que vivían con su permiso. El impulso igualitarista que late en el corazón de la izquierda proviene precisamente de esa preocupación por el impacto de la desigualdad económica sobre la libertad individual. En un tiempo en que la derecha ha realizado una eficiente campaña de marketing para apropiarse de la palabra "libertad", no está de mas recordar que su modelo social restringe de hecho la autonomía de los individuos, su capacidad para poder decir "no", que es el paso previo e indispensable para poder preguntar "¿por qué?". En eso, las cosas no parecen haber cambiado desde los tiempos de la Revolución Francesa: también hoy la derecha se opone a que se establezca y prospere el Imperio de la Razón. Este artículo pertenece al Dominio Público por expresa devolución del autor al mismo.
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| Escrito por Lluis Pérez | |
| domingo, 01 de abril de 2007 | |
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Nuestras modernas democracias funcionan, cada vez con mayor
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Los partidos políticos son concebidos como "ofertantes" de programas
electorales en un "mercado" donde los "demandantes" son los ciudadanos
y sus diferentes formas de asociación (los lobbys, los
movimientos sociales...). El resultado de la negociación, en tanto que
tal negociación, no depende de las buenas razones de cada uno de los
agentes democráticos, sino fundamentalmente de su diferente peso
(parlamentario, social, económico) en el marco de unas reglas de juego
en principio asumidas por todos. El aspecto es semejante al de un
partido de futbol, donde no se discute sobre quién es mas apropiado que
gane sino que, simplemente, se pactan unas reglas de juego y a partir
de ahí todo es cosa de la diferente habilidad y fortaleza de cada
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democracia se constituye en reflejo de la economía de mercado que la
sustenta.







