Es preciso definir con corrección los elementos que acercan a nuestro país a una situación límite. La burbuja inmobiliaria ha sido animada en la creciente demanda de vivienda por parte de europeos, inmigrantes y pequeños inversores que, con sus sociedades patrimoniales de juguete, pretenden adquirir cinco o seis pisos para poder vivir de la renta por alquiler algún día. Derivada de esa burbuja hay otra en el sector de la construcción que supone el 17 % del PIB en términos reales. El 20% de los empleos creados en los últimos diez años en España, que a su vez son el 33% del que se ha creado en la UE de los 15, proceden de la construcción. Esas dos burbujas han hecho que emergiera otra mucho peor y que aun es prácticamente invisible: la burbuja económica.

La fuerte demanda de empleo funcionó como un imán para la mano de obra inmigrante que acudió masivamente dando un empuje al consumo y al propio mercado inmobiliario. En general podemos decir que España ha tenido un periodo larguísismo de crecimiento ininterrumpido gracias a la globalización, en sentido financiero (dinero barato) y también en sentido real (inmigración creciente), lo que le ha permitido compensar el impacto negativo de los precios del crudo y de la competencia internacional. El efecto se traduce ya en una economía recalentada, con una inflación superior a la media europea y por una pérdida de competitividad. La economía española es próspera pero su crecimiento es desequilibrado y poco eficiente. La dependencia en los tipos de interés debilita la capacidad de consumo y el parón inmobiliario por el sobrestock es ya un hecho absolutamente demostrable. España dependerá de que la zona euro recupere su dinamismo y crecimiento en los próximos dos años para poder aguantar el choque de una cadena de acontecimientos que ya ha empezado. En primer lugar, la burbuja inmobiliaria seguirá desinflándose gradualmente dejado de crecer y posteriormente descendiendo. Como reacción a esa caída de valor, el número de viviendas se reducirá, cosa que ya ha empezado a pasar según los colegios de Arquitectos que durante este último trimestre han notado un descenso de visados. Esa reducción de viviendas nuevas en construcción provocará una caída en la demanda de empleo en la construcción y un alza en el paro. Carpinteros, electricistas, comerciales, arquitectos, aparejadores, yeseros y en definitiva todos los profesionales relacionados con el mundo inmobiliario vivirán su peor momento desde hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta que el peso de este sector es brutal, la demanda en consumo también se verá afectada. La eliminación de ricos virtuales se representará con el descenso de la venta de coches, viajes y elementos de consumo muy variados. El coste de los créditos hipotecarios tocará franjas desconocidas por los nuevos propietarios que se verán obligados a sacrificar parte del consumo corriente para poder hacerle frente.

Al reducirse el consumo y al aumentar el coste del dinero las compañías ralentizarán sus inversiones en espera del próximo ciclo expansivo con lo que su demanda de empleo bajará. Esta situación desembocará en un crecimiento negativo del PIB que alcanzará su punto más profundo a finales de 2009 o principios de 2010. Que sea más o menos dramático depende de la política. Esa desaceleración cíclica podría pasar simplemente por ser un período de bajo crecimiento, si la caída de la construcción se compensa con obra pública y si el superávit presupuestario supera el 1% del PIB, si se incentivan los nuevos campos de gestión industrial y, como se hizo en EUA, si se convierten en empresarios, autónomos o pymes, a esos miles de inmigrantes jóvenes que ahora son mano de obra barata,  para que encuentren alternativas a la perdida de empleo que sufrirán en la construcción fundamentalmente. En definitiva, que esa enorme bola de mierda nos aplaste depende de nuestros gestores públicos en gran medida. ¡Que miedo!