Lecturas 1646

Con la llegada de las elecciones ha llegado, de nuevo y como era de esperar, los debates sobre la ley de partidos, las peticiones de impugnación de las candidaturas de la izquierda abertzale, y las sonoras y descontroladas quejas de la derecha política contra todo lo que se mueve en sentido contrario al suyo; vamos listos.

Aunque no sea la opinión dominante, considerar que todos los grupos políticos tienen derecho a presentarse a unas elecciones es una reflexión de rasgos profundamente democráticos. Esto, que puede producir a muchos fuertes convulsiones, es algo que desde que surgió la moderna democracia burguesa viene siendo clave. Qué mejor que ilustrarlo con un hecho histórico.

A finales del siglo XIX la Federación Regional Española (FRE), que pertenecía a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) y era en España de ideología mayormente anarquista, era la organización obrera más importante. Tras los acontecimientos de la Comuna de París, en 1871, dicho colectivo comenzaría a asustar sobremanera a los políticos españoles de la época.

El entonces ministro de Gobernación, Sagasta, acusaba a la AIT de querer “destruir la familia, destruir la sociedad, borrar la patria” y “hacer desaparecer por la fuerza todos los elementos de la civilización conocidos”. La presión conservadora, corriente política especialmente aterrorizada por el crecimiento y expansión del movimiento obrero, logró que el Congreso declarara fuera de la ley a la Federación Regional Española (FRE).

Sin embargo, la constitución de 1869 había apostado por la libre asociación de personas y por la libre expresión de las mismas, de modo que el Tribunal Supremo en un admirable ejercicio de práctica democrática se vio obligado a invalidar aquella ilegalización. ¡¡Y esto en 1871!! La Federación quedaba entonces legal en el marco de un Estado democrático todavía muy precario.

Tras las disensiones en su seno, los marxistas fueron expulsados de la Federación por la mayoría anarquista. Aquéllos formaron entonces la Nueva Federación Madrileña, germen de lo que sería en 1879 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Salvando las distancias, sorprende la actitud democrática que en 1871 llevó al Tribunal Superior a tomar aquella decisión, en contraposición con el hacer actual del mismo organismo, que más de 130 después se encuentra ocupado persiguiendo listas electorales.

Y es que hay que recordar que no buscan a terroristas, sino a personas vinculadas, con todo lo que ello significa en términos de subjetividad, con un movimiento político relacionado con la banda terrorista. Demasiado rebuscado para que no salte a la vista el engaño con el que están prostituyendo a la democracia. No sé qué quieren conseguir con esto, pero a veces me da por pensar que lo único que buscan es empeorar las cosas.

Comentarios de los usuarios (1)

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Escrito por agente t, on 19-05-2007 20:06, 1. Ilegaliza la Constitución Esos vínculosnull los son con una organización que persigue fines y utiliza medios tipificados como delito, algo que según el art. 22.2 de la CE ¿democrática, supongo? es ilegal e ilegalizable. Algo demostrado a lo largo y ancho de numerosos expedientes judiciales y que el Supremo convirtió en inapelable con una sentencia. No se ilegalizan ideas u objetivos políticos, se hace con los medios elegidos para alcanzarlos.   » Notificar este comentario al administrador » Responder a éste comentario...