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Las razones de los que sufren

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Marx dijo en alguna ocasión que "no es lo mismo la lógica de las cosas que las cosas de la lógica". Lo que sabemos actualmente sobre la cognición y el pensamiento humanos no hace más que confirmar la opinión del padre del socialismo moderno: el ser humano presenta multitud de sesgos cognitivos que desafían los mismos principios lógicos sobre los que él mismo se halla instalado. Por ejemplo, parece ser que las experiencias nos hacen variar el juicio de diferente forma según si se han presentado en una u otra secuencia: si una observación levemente favorable a nuestro juicio se ve seguida de otra mucho más favorable, tendremos la impresión de que nuestro juicio ha salido fortalecido; si la secuencia se invierte, sentiremos menos seguridad a la hora de afirmar ese mismo juicio. La evidencia es la misma y la lógica pura nos impele a considerar como irrelevante la secuencia que ha seguido; en cambio, nuestro instinto nos hace pensar, y sentir, de otro modo.

Los sesgos cognitivos constituyen un factor explicativo no menor de nuestra conducta humana y, por ende, de nuestra conducta política, de nuestras actitudes respecto a lo que tiene que ver con la vida de todos. En particular, parece ser que somos propensos a aceptar los argumentos de autoridad, la creencia a pies juntillas en un determinado juicio si lo ha formulado alguien que nos merece confianza y respeto. En cierto modo, es inevitable: la amplitud y la densidad del día a día político hacen imposible que el ciudadano pueda tener un juicio informado sobre todos y cada uno de los aspectos sobre los que diariamente debe pronunciarse cuando aparecen en sus conversaciones con sus conciudadanos. Esto hace que, muchas veces, se substituya la prudencia, el admitir que uno no tiene un juicio formado, por la confianza en el juicio de un tercero o, mejor dicho, en la capacidad de un tercero para formular juicios correctos. Esto es la lógica de las cosas. Como se ve, nada que ver con las cosas de la lógica.

Sin embargo, como digo, parece inevitable que esto funcione así. Buscando el mal menor, pues, parece que lo mejor que podemos hacer es conceder una atención desconfiada a determinadas autoridades que realmente merezcan ser tenidas por tales. Parece razonable fiarse, con algo de recelo, de lo que dice un economista cuando se está hablando de economía, o de lo que dice un experto en terrorismo cuando se está hablando de terrorismo; no nos permite ni de lejos formarnos un juicio realmente informado y racional, pero si que nos permite avanzar a tientas, con un asidero resbaladizo pero útil. Resulta otro cantar cuando la autoridad a la que nos remitimos es una autoridad con un basamento irrelevante para la cuestión que discutimos. Por ejemplo, en lo que respecta a las políticas que tienen que ver con la sexualidad, fiarse de la opinión del Papa es al menos tan razonable como fiarse de la opinión de Mick Jagger, si no menos. Y, sin embargo, las palabras del Papa sobre política sexual son seguidas con vehemencia por buena parte de sus seguidores, sin dejar espacio a su cuestionamiento.

Bien, hasta aquí todo parece relativamente fácil de encarar desde una perspectiva racional: se trata de señalar la falta de autoridad intelectual de determinadas fuentes consideradas comunmente "autoridades", y aquí paz y después gloria. La cosa se complica, sin embargo, en el caso de determinadas autoridades que encuentran su base en su sufrimiento. Criticar las reivindicaciones de determinados colectivos indígenas (por ejemplo), aún cuando se defiendan sus derechos, equivale en muchos ambientes a ser rápidamente tachado de imperialista y de enemigo de los indígenas. Nada más absurdo: defender a los que sufren no significa defender las razones de los que sufren. Defender a los que sufren significa, en todo caso, defender su derecho a dar razones, a que sus opiniones sean tomadas en serio. Y tomarse en serio una opinión no significa otra cosa que presumir que viene avalada por argumentos que pueden ser escrutados en el foro de la razón pública, a la vista de todos. Dicho de otro modo: allí donde uno defiende la libertad del otro, empieza la crítica de sus razones. Esa es la única actitud que cabe adoptar hacia los que sufren. Una actitud complicada, por cuanto es muy fácil ser señalado como enemigo de los que sufren, lo cual es un estigma que a nadie le resulta fácil llevar. Por eso, en aquellos espacios públicos donde se da tanta relevancia a las opiniones de los que sufren, el debate se vuelve progresivamente imposible, por cuanto alzar la mano para hacer las preguntas elementales puede convertirse en motivo de excomunión por parte de poderosas maquinarias políticas y mediáticas.

Un buen experimento espontáneo de los peligros que entraña este sesgo intelectual a favor de las razones de los que sufren lo constituye el Reino de España. En concreto, en los asuntos referentes al conflicto vasco existe la superstición de que las víctimas del terrorismo (o, más precisamente, las víctimas de ETA) tienen una venia especial para hablar de política antiterrorista. Que, de algún modo, sus opiniones en esa materia merecen ser tenidas más en cuenta que las opiniones de cualquier otro ciudadano. Cabe preguntarse por qué debe ser así: haber sido víctima de un atentado no le convierte a uno en especialista en política antiterrorista. Y, sin embargo, el hecho es que hasta hace muy poco existía un consenso básico entre los dos grandes partidos españoles entorno a que defender los derechos de las víctimas del terrorismo equivalía a defender sus razones, y viceversa. Digo "hasta hace muy poco" porque el viraje dado por Zapatero a sus posiciones en materia antiterrorista, abriéndose ahora a un diálogo que anteriormente siempre rechazó, han hecho que la defensa de esta superstición quede en manos de los únicos que siguen manteniendo la estrategia de la cerrazón. Es decir, la derecha nacionalista española con el PP en cabeza.

Años atrás, como digo, las cosas no fueron así, y el consenso entorno a esta superstición política ahogó a quienes quedaron fuera de él. Pocas veces se ha hecho tan patente como en esos años (los años que van del Pacto de Lizarra a la victoria de Zapatero en las elecciones del 2004) el envilecimiento moral e intelectual que supone para la democracia el que sus miembros comiencen a confundir el defender los derechos de los que sufren con el defender las razones de los que sufren. Dado que la abrumadora mayoría de las víctimas de ETA pertenecían al mundo del españolismo, se estableció una identificación entre defender a las víctimas y defender el españolismo. El resultado era que proclamarse favorable a la autodeterminación o a la independencia del País Vasco fue identificado durante años con el estar a favor de ETA. Y ya no digamos proponer cualquier proceso de diálogo con ETA o aún con su entorno. Particularmente asfixiantes fueron los años 2000 y 2001, en que todos los medios de comunicación españoles se lanzaron a una cruzada salvaje contra el nacionalismo vasco con el objetivo de que en las elecciones vascas del 13 de marzo de 2001 Mayor Oreja consiguiese mayoría suficiente (entre escaños populares y socialistas) para ser nombrado lehendakari. Como todos sabemos, las cosas discurrieron por otras vías y el ejército de mentiras y tergiversaciones lanzados en dos años sobre el mundo abertzale pudo ser contemplado en su exacta desnudez. Aun así, la criminalización de los que se atrevían a disentir de las razones de las víctimas de ETA siguió su curso.

Cierto es que a veces la jugada no colaba, y que se hizo difícil (por ejemplo) criminalizar a los familiares del socialista Ernest Lluch cuando, ante el asesinato de éste, decidieron hacer una defensa firme del diálogo. Pero, por norma general, aquellos que desafiaban las razones de los que sufrían fueron señalados como enemigos de los que sufrían. Por suerte, en algún momento el PSOE echó las cuentas y cayó en el hecho de que esta estrategia, a medio y a largo plazo, solo beneficiaba al Partido Popular. Solo entonces se rompió el consenso. Solo entonces dejó de ser un tabú el decir que la AVT se equivocaba en tal o cual sentido. Solo entonces uno podia ser independentista sin ser acusado de cómplice de ETA por la totalidad de los medios de comunicación españoles. Pero solo entonces. Por supuesto, nadie es perfecto y todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero el hecho es que en todo este asunto hay algo muy llamativo: hoy en día hay mucha gente que se queja de la demagogia de la AVT sobre la supuesta "traición a los muertos" del PSOE y que, sin embargo, hace no tanto afirmaba que el Plan Ibarretxe era, pues eso, una traición a las víctimas de ETA. Cómo si defender un proceso de soberanía en el País Vasco fuese incompatible con defender los derechos de las víctimas de ETA. Cómo si defender a los que sufren tuviese que ver con defender sus razones. Lo dicho: mucha gente, antes de sacar pecho ante la AVT, debería revisar sus discursos del año 2001 sobre el conflicto vasco. Y pedir disculpas a mucha otra gente, que nunca está de más.

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