Cosa que no deja de ser una lástima, porque con el número de casos en investigación y mirando los números con calma podemos ver que el problema sigue un patrón bastante claro y ciertamente lógico. Y a sabiendas del daño que estos asuntos pueden producir en un sistema político, no estaría de más estudiarlo con un poco de criterio y buscar posibles soluciones.

Partiré de tres supuestos previos, para evitar meterme en jaleos partidistas excesivos. Primero, doy por entendido que el porcentaje de cretinos deshonestos está repartido de manera uniforme entre partidos y regiones. Es decir, la probabilidad de encontrar un potencial corrupto a nivel municipal en el PP o el PSOE es idéntica, ya que la pasta moral de ambos partidos es razonablemente parecida, y la honestidad media está distribuida igual por comunidades, no siendo el malagueño medio más propenso culturalmente al trapicheo que un tipo de Soria.

Segundo, y eso se desprende de la primera condición, todo el mundo tiene un precio. De igual modo que prácticamente cualquier persona en este mundo besaría Rossy de Palma si le dan suficiente dinero, casi cualquier político es en última instancia comprable si se le baña de millones de forma suficiente obscena y con cierta garantía de no ser pillado. Habrá gente más desesperada y barata que otra, pero en general, todos acabamos por dar un valor monetario a nuestra honestidad.

Tercero, voy a presuponer que la distribución de casos en investigación no sigue criterios partidistas. Quizás sea un poco suponer, pero no creo que una mente maligna en Moncloa esté lanzando las hordas investigadoras de forma calculada para maximizar el daño electoral al PP. Hay un montón de alcaldes socialistas paseando por juzgados, en gran parte debido a la igual distribución de la deshonestidad entre partidos. Si hay algo de partidista sobre el incremento en el número de casos de corrupción, en todo caso, diría que se deriva más de un especial celo investigador de este gobierno para combatir un problema grave que otra cosa. Combatir la corrupción urbanística era una parte importante del programa del PSOE, y parece que están cumpliendo. No hay necesariamente más corrupción, si no que es posible que ahora se combatan con más fuerza.

Miremos de nuevo el mapa de distribución de casos de corrupción estos días, y vemos claramente que si damos los supuestos como válidos, tenemos un patrón relativamente claro sobre qué está sucediendo en este mercado. Estoy bastante seguro que si pudieramos hacer un pequeño modelo combinando incremento de precios de viviendas por municipios y valor por metro cuadrado de terreno podríamos predecir con un detalle aceptable qué zonas serán más propensas a sufrir esta clase de tramas.

La explicación es sencilla, y nace del extremadamente incompetente sistema de financiación que usamos en España con los municipios. Los ayuntamientos relativamente pequeños dependen de forma abrumadora de los ingresos derivados de licencias de obras. Como guardianes en la concesión de estos permisos, los alcaldes tienen de hecho una capacidad notable de manipular el precio del suelo restringiendo su uso, pero también saben que para recaudar y dar servicios dependen de ir liberándolo poco a poco.

En la mayoría de municipios, esto no es un problema grave, ya que la demanda de nuevas viviendas es relativamente limitada. No hay demasiada gente que quiera ir a vivir a Salvacañete, Cuenca, y no hay demasiados promotores que estén peleándose por ese suelo que el ayuntamiento puede o no recalificar. El alcalde tiene por tanto un poder de negociación limitado, ya que los promotores no están dispuestos a hacer cosas raras para poder construir. Los beneficios, sencillamente, no merecen la pena.

El problema surge cuando el municipio es algo parecido a Marbella. El suelo es escaso, los precios son astronómicos, y el beneficio potencial para un promotor es gigantesco. Lo que es aún más delicioso, si el promotor consigue que a él le den la licencia y a otros no, el negocio será aún más redondo. El alcalde en esta situación está en una posición muy, muy tentadora. Primero, puede freir a los promotores con unas licencias obscenamente caras, que pagarán igual. Segundo, puede otorgar las licencias según le plazca, seleccionando candidatos a base de subasta de sobornos. Tercero, con toda la información y capacidad de reparto de caramelos que tiene, puede hacer a sus amigos y familiares extremadamente ricos. El resultado es el conocido.

¿Cómo se puede romper esta dinámica? La respuesta más sencilla sería eliminar el mecanismo de licencias y calificación de terreno, y dejar que cada uno edifique lo que le plazca donde quiera. Es una respuesta válida, pero erronea; el resultado quizás sea menos corrupción, pero se traduce en la patéticamente ineficiente tradición urbanística americana de densidades de población bajas. Mantener la densidad alta en las ciudades es algo deseable, y usar reglas de zonificación es la mejor manera de ocuparse de ello.

Se tiene que buscar otras vías, y lo cierto es que no hay ninguna solución perfecta. La más evidente es reforzar de forma obsesiva la vigilancia sobre materias de urbanismo. Más gente vigilando, más independiente, y mucho más voraz. Como mayor es la probabilidad que te cacen, mayor será el precio que uno pida. El problema para el potencial corrupto es que a un cierto nivel el promotor no pagará extravagancias, y que un pago exagerado será mucho más fácil de detectar de todos modos.

Esto, diría, ya se está haciendo, y de forma bastante relevante a órdenes de Madrid, y no tanto de las Comunidades Autónomas. Tanto contacto entre secretarios de organización y alcaldes, tanto miedo a no cabrear a nadie de la región parece haber hecho de las administraciones regionales unos actores bastante inoperantes, con pocas excepciones.

La segunda vía sería arreglar el sistema de financiación municipal de una puñetera vez. Si los alcaldes no dependieran tanto de la "subasta" de licencias de obras para recaudar, es bastante probable que las tentaciones de promotores cazando licencias disminuyeran considerablemente. Sea mediante un impuesto sobre la propiedad racional, sea un IBI modernizado, los municipios deben financiarse de otro modo.

Queda explicar, sin embargo, dos cuestiones básicas que la verdan me joden el modelo. La más sencilla es por qué Madrid y Barcelona capital, dos auténticos monstruos en términos de precios de la vivienda, no han tenido (aún) un caso de corrupción grave. La explicación que se me ocurre es que primero, la visibilidad de los dos alcaldes (y lo vigilados que andan por la prensa) hacen meterse en chanchullos demasiado peligroso, y segundo, el hecho que los municipios no tienen terreno libre y ya recaudan bastante por otros medios como para meterse en jaleos oscuros.

El segundo problema de mi explicación, algo más grave, es por qué Cataluña, Navarra y el País Vasco tienen muchísima menos corrupción de lo que sería de esperar. Quizás sea algo derivado del modelo que explicaba sobre Palermo, quizás sea una cuestión que ya no queda demasiado suelo con el que especular en las zonas "golosas", pero la verdad es necesario meterse más en ello. ¿Será que las policías autonómicas pasan de todo?