La justicia está en un estado de shock después de la reciente suspensión de sus actividades del juez Garzón. Una lista innumerable de méritos judiciales no le han salvado del ensañamiento de antiguos y nuevos enemigos. Nadie podía pensar que, de todos los riesgos corridos por sus autos judiciales, serían los viejos fantasmas del anterior régimen los que conseguirían terminar con su carrera judicial.
Bajo el pretexto de la prevaricación, los simpatizantes del régimen franquista han conseguido paralizar la exhumación de las víctimas republicanas que yacen en las cunetas, a la vez que se quebró la búsqueda de la responsabilidad franquista por crímenes contra la humanidad. Dicha acusación se sostiene por una teórica extralimitación en sus competencias jurídicas a sabiendas, siendo bastante dudosa la asignación de competencias en dicha materia, pues no está claro a quien corresponden.
En una parecida situación podría encasillarse la actuación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez De La Rúa, del que parece probable que actuara contra derecho protegiendo a su amigo el presidente Camps. Es bien conocida la enmienda que el Tribunal Supremo ha realizado contra el archivo del caso que afecta al presidente valenciano.
El debate conforme a dichas actuaciones transita entre la diversidad de criterios legales o la prevaricación. La interpretación de la ley puede llevar a sentencias dispares, por ello, la acusación de prevaricación tiene un carácter subjetivo. Lo que parece aberrante es la diferencia de trato por parte de la justicia ante estos dos casos. La presunción de inocencia es negada en el caso de Garzón frente a un incuestionado De La Rúa.
La actuación judicial en estos últimos meses es preocupante por el sesgo ideológico que está adquiriendo, poniendo en peligro a la democracia con la superioridad manifiesta de la derecha en el marco judicial.
El caso Gürtel gravita en torno a dichas cuestiones. El mensaje resultante es el peligro existente para aquel juez que se inmiscuya en los asuntos de la derecha y la impunidad de sus jueces cercanos frente a una posible prevaricación a favor. La democracia no puede permitirse que una institución como la justicia mantenga a De La Rúa y no actúe contra él, si el nivel de exigencia es el aplicado al juez Garzón. El equilibrio de poderes está en riesgo ante una justicia tan parcial.
